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Por un ataque con víctimas en Gaza en 2002
La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra militares israelíes por un delito contra la humanidad
La causa fue admitida ayer en la Audiencia Nacional y afecta al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito contra la humanidad por un ataque en la Franja de Gaza (Territorio Ocupado de Palestina) el 22 de julio de 2002 en el que fueron asesinados un presunto líder de Hamas y catorce civiles. . La acusación particular fue promovida por los familiares de las víctimas e impulsada por el Centro de Derechos Humanos de Gaza (PCHR) bajo la dirección de Raji Sourani, quien se enccuentra en estos momentos en Madrid.
La querella se remonta al año 2002 pero como es lógico no se descarta presentar nuevas demandas documentadas de otras matanzas israelíes. El juez Andreu, instructor del sumario, ha acordado además una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria a Israel para conocer si se estaban investigando estos hechos y nunca obtuvo respuesta. Cuando todavía colean con efectos mortales de la última operación de Israel sobre la Franja de Gaza, la Justicia actuará ahora sobre un ataque del 2002 que el auto considera "desproporcionado". El texto legal indica además que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".
La Comunidad Internacional, la Unión Europea, los Gobiernos estadounidense, europeos, desde Rodríguez Zapatero a los demás, han dejado hacer siempre, con impunidad, e incluso premiando al ocupante y agresor israelí, obviando la ocupación, el bloqueo, la expropiaciones, expoliación de recursos o las matanzas periódicas israelíes. La ayuda humanitaria y las conferencias de donantes, periódicamente necesarias ante la destrucción impune israelí, son parapetos de inacción política o de abierta complicidad con el agresor, al que se recurre como proveedor de esa ayuda material a las víctimas, alimentando su economía colonial y de guerra.
Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino, es más, suplantan a los gobiernos en su búsqueda de la justicia, mientras que estos mismos gobiernos, haciendo dejación de su papel político dado que no tratan, en ningún caso, de resolver el problema de fondo: la ocupación de Palestina y toda la cadena de crímenes que se vienen cometiendo con total impunidad sobre la población civil palestina y sus bienes.
No debemos dar descanso a estos vendedores de armas, de ilusiones, de charlatanes que dicen buscar una paz y premian al ocupante. El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza ha iniciado y lleva casos abiertos por las acciones del ejército israelí en países tan diversos como Gran Bretaña, Estados Unidos Nueva Zelanda, Suiza y Holanda. Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí.
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